Por el decreto 419/2020, publicado este viernes en el Boletín Oficial, el presidente Alberto Fernández aceptó la dimisión de Gonzalo Calvo, quien se desempeñaba como secretario de Articulación de Política Social.
El Gobierno oficializó hoy la renuncia del funcionario del Ministerio de Desarrollo Social (Gonzalo Calvo) involucrado en la frustrada compra de alimentos a precios mayores a los establecidos, a la vez que quedó formalmente designada su sucesora.
Gonzalo es el principal apuntado por la compra de alimentos a precios mayores a los fijados por el Gobierno y que puso en evidencia de como esta dividido el Ministerio de Desarrollo Social y que debió ser anulada.
La noticia conocida el lunes 6 de abril sobre en la que el Ministerio de Desarrollo Social pagó $ 384 millones en alimentos a precios que en varios casos están por encima de los valores testigos fijados por la Sindicatura de la Nación.
En el marco de ayuda a para las familias, comedores y organizaciones sociales ante la crisis provocada por la pandemia de coronavirus.
La oposición, en tanto, aumentó el caudal de críticas al Frente de Todos por la compra de alimentos, y reclamó explicaciones oficiales en el Congreso.
Además y en simultáneo, comienza a hacerse cada vez más hondo el pedido de Juntos por el Cambio para que el Parlamento sesione y de muestras de actividad más intensas.
En tanto, mediante el Decreto 420/2020, fue formalmente designada Erika Roffler como nueva secretaria de Articulación de Política Social.
La funcionaria nacional se venía desempeñando como jefa de la Unidad Gabinete de Asesores del ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo.
El titular de la cartera social había exigido la renuncia de otros 15 funcionarios, además de Gonzalo Calvo.
La justificación que esgrimieron los acusados fue que aprobaron la licitación ante la disyuntiva de comprar alimentos a precios mayores o no hacerlo, lo cual derivaría en la imposibilidad de asistir a los sectores más vulnerables en medio de la dura crisis que desató la pandemia de coronavirus.
Por lo tanto, la polémica generada y que puso a Gonzalo Calvo como principal involucrado sirvió como una suerte de bisagra para el sistema de contrataciones del Estado, ya que luego se estableció por decreto que ningún producto podía ser comprado a precios mayores a los fijados por el Gobierno.
También se visibilizó así la “cartelización de los proveedores”, según denunció Arroyo en distintas oportunidades.
En lo que respecta a la investigación del hecho, se inició un sumario administrativo interno y una causa judicial, que está en manos del fiscal federal Guillermo Marijuán y del juez Rodolfo Canicoba Corral luego de la denuncia presentada por el fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez.
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