Fuertes enfrentamientos con la policía, miles de manifestantes se movilizaron frente a la gobernación de Mendoza; en protesta por las reformas a la ley minera que habilita el uso de sustancias químicas.
Luego de que el viernes pasado senadores y diputados mendocinos, tanto del oficialismo como de la oposición. Aprobaron por amplia mayoría la modificación a la ley 7.722 que limitaba el uso de sustancias químicas en las explotaciones mineras.
En repudio se organizó una marcha en la Plaza Independencia. Donde todo iba en orden hasta que un grupo de manifestantes comenzó a lanzar piedras contra los uniformados.
Antes de que la gente que lo rodeaba pudiera disuadirlo, las fuerzas de seguridad arremetieron contra la multitud a mansalva, con gases lacrimógenos y balas de goma.
Desde la mañana y hasta ese momento se había desarrollado pacíficamente. Luego se generaron corridas y detenciones que elevaron la tensión de una protesta ambientalista con ciudadanos comunes que se habían acercado desde distintas localidades de la provincia cuyana.
El proyecto original presentado por el gobierno provincial fue aprobado luego de que el Partido Justicialista logró introducir modificaciones al texto.
La semana pasada ya se habían realizado movilizaciones que incluyeron cortes de ruta nacionales y provinciales. El domingo cuatro personas resultaron detenidas por haber realizado amenazas telefónicas al gobernador de Mendoza, el radical Rodolfo Suárez.
En paralelo a la manifestación, el actual diputado Jorge Difonso anunció que acudirá a la Justicia para pedir la inconstitucionalidad de los cambios que se le aplicaron a la ley.
Que se modificó
Organizaciones ambientalistas se sumaron a las expresiones de malestar por la reforma a la ley 7.722 y alertaron que la iniciativa permitirá el uso de sustancias químicas peligrosas para la salud como mercurio, ácido sulfúrico, cianuro y tóxicos en el desarrollo de la megaminería.
El arzobispo de Mendoza, monseñor Marcelo Daniel Colombo; también sentó posición a favor de los manifestantes y le escribió una misiva a Suárez pidiéndole que deje sin efecto la medida.
“Quienes tienen altas responsabilidades a su cargo, también deben escuchar el clamor del pueblo; es parte del delicado arte de gobernar y que no necesita llegar a situaciones límites para percibir cómo una determinada cuestión es vivida por la gente”, le expresó muy preocupado.
“Para estos proyectos mineros, como para todo cuanto compromete la vida y la salud de los habitantes y la Casa común. Se requiere consenso específico y explícito, de otra forma se pone en riesgo la amistad social; se apuran definiciones que necesitan tiempo para ser discernidas y decididas”, seguró.
Greenpeace no se hizo esperar y advirtió que la reforma “generará la contaminación del agua de la provincia”.
