Evo Morales acusado de desestabilizar al gobierno boliviano

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El gobierno de Bolivia acusó hoy al ex presidente Evo Morales y a su partido de alentar protestas en su contra con el afán de desestabilizarlo.

Responsabilizó por los disturbios ocurridos en una protesta en una zona de la frontera con Chile.

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, afirmó en conferencia de prensa que “buscan desestabilizar al Estado” y “lo que no pudieron hacer en noviembre (pasado) están tratando de hacerlo aprovechando la crisis que hay por el coronavirus”.

“Es terrible que el Movimiento al Socialismo (MAS), que el ex presidente Evo Morales, buscado por terrorismo, esté alentando a su gente, esté enviando gente para tratar de desestabilizar a un gobierno”, agregó.

Un grupo de ciudadanos bolivianos intentó ayer entrar desde la localidad chilena Huara a la boliviana Pisiga -en la que el gobierno instaló un campamento para que cumplan la cuarentena quienes ingresan por allí- y lanzaron piedras a los militares que resguardan la frontera y le quitaron un arma de fuego a uno de ellos, según la agencia noticiosa estatal ABI.

“Tenemos identificados a 35 activistas mezclados en esa marcha y también hemos podido, con nuestros sistemas de inteligencia, ver que se está pagando 300 bolivianos (equivalentes a unos 43 dólares) por cada persona para que hagan esto”, sostuvo Murillo.

Bolivia vive una situación institucional irregular desde que un golpe de Estado forzara

a Morales a renunciar a la Presidencia el 10 de noviembre pasado, acorralado por denuncias de fraude en las elecciones del 20 de octubre que en medio de polémicas no se comprobaron de manera concluyente.

Días después Morales marchó al exilio y la senadora Jeanine Áñez se autoproclamó presidenta interina en una sesión parlamentaria sin quórum.

El Tribunal Constitucional declaró válido al gobierno provisorio, que convocó a elecciones presidenciales para el 3 de mayo próximo pero las postergó sin fecha a raíz de la pandemia de coronavirus.

La organización humanitaria Human Rights Watch (HRW) advirtió ayer que un decreto emitido a fines de marzo por Áñez, que permite sancionar penalmente a quienes “desinformen o generen incertidumbre” en relación con el coronavirus “viola el derecho a la libertad de expresión” y podría ser utilizado como excusa para perseguir a opositores políticos.

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