La Cancillería Argentina amplió la prohibición a 426 personas, funcionarios e integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente del gobierno de Nicolás Maduro.
Acordado en el marco de las medidas del Grupo de Lima con posterioridad al 10 de enero del 2019, fecha de inicio de un nuevo período del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro.
También suspendió la aplicación del acuerdo entre Argentina y Venezuela para la supresión de visado en pasaportes diplomáticos, oficiales y de servicio. Se emitió una alerta a entidades bancarias y financieras sobre los riesgos de operar con el gobierno de Venezuela o con empresas que son propiedad o estén bajo el control del Estado venezolano, además de toda cooperación militar con el régimen de Maduro.
Mientras que el gobierno de Nicolás Maduro propuso al Grupo de Lima a celebrar elecciones legislativas anticipadas. “Vamos a elecciones de la Asamblea Nacional para ver quién tiene los votos. Asumimos el reto, vamos para buscar una solución pacífica, demócrata y electoral”, dijo el mandatario.
Una transición ordenada y pacífica
Pero la agrupación rechazó el llamado del presidente venezolano y reconoció a Juan Guaidó como “presidente encargado” y condenaron lo que consideran como “sistemáticos ataques” de Maduro a la Asamblea Nacional, compuesta mayoritariamente por diputados de oposición a su Gobierno.
Tras una reunión de sus cancilleres en Guatemala, el foro llamó a “tomar acciones ante el creciente involucramiento del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro en distintas formas de corrupción, narcotráfico y delincuencia organizada transnacional, que implican a sus familiares y testaferros”
Estas medidas fueron acordadas como objetivo de propiciar el retorno a la democracia en Venezuela, al afectar exclusivamente a los sujetos vinculados al régimen dictatorial de Maduro y no así al pueblo venezolano, a quien nuestro país ratifica nuestra solidaridad y respaldo en su lucha por la libertad y el respeto de los derechos humanos.
