Entre Ríos: Iniciativa popular para declarar la emergencia ambiental por agrotóxicos

Agrotoxicos Campo

Desde la Coordinadora por una vida sin agrotóxicos en Entre Ríos “Basta es Basta” se redactó la primera iniciativa popular de la provincia que busca declarar actividad peligrosa a la producción agrícola con utilización de insumos de síntesis químicas y la emergencia ambiental por el impacto que esos insumos generan en nuestros territorios. A su vez, se pide la creación de un Registro Público Provincial de Establecimientos Agropecuarios y un Registro Público Provincial de Vigilancia Epidemiológica.

La iniciativa surge desde “las organizaciones que caminamos en todo el territorio entrerriano y nos nucleamos en esta Coordinadora” y “ante la inacción de legisladores y del Poder Ejecutivo”, señalaron desde las organizaciones ambientalistas.

Para que esta iniciativa pueda ser presentada y tratada en la Legislatura provincial es necesario reunir firmas que representen al menos un 2% del padrón electoral de Entre Ríos. Esta herramienta democrática propone que desde la ciudadanía se pueda poner en cuestión y modificar el modelo productivo actual y construir un modelo productivo saludable y soberano.

Aldana Sasia, integrante de “Basta es basta”, dialogó con MIRADOR ENTRE RÍOS y dio detalles del planteo. Sasia es abogada, magister en Derecho Ambientalista, máster en Derecho Ambiental y Urbanístico (otorgado por la Universidad de Limoges, Francia) y especialista en Derecho Ambiental y Tutela del Patrimonio Cultural (otorgado por la UNL).

—¿Cómo y cuándo surge esta iniciativa popular?

—La iniciativa surge en virtud de una vasta trayectoria de trabajo de las organizaciones que se aglutinan en la coordinadora “Basta es basta, por una vida sin agrotóxicos de Entre Ríos”. Hace muchos años que vienen visibilizando las consecuencias en la salud y el ambiente del actual modelo agroindustrial de producción, siempre intentando dar a conocer otros modos de producción posibles en nuestros territorios, sabiendo que la agroecología es totalmente viable y rentable, y aún más necesaria. Desde esta Coordinadora se impulsaron protecciones a las escuelas rurales, habiendo iniciado un proceso judicial de amparo con el fin de resguardar a los niños y niñas que acudían a esos centros educativos y a sus docentes, de las aplicaciones en campos aledaños. Esta medida de resguardo se plasmó en sentencia judicial. En dicha oportunidad propusimos la conformación de un foro provincial de agroecología, con el objetivo de caminar desde las instituciones del Estado y las organizaciones, junto a los productores, hacia otras formas de producir en nuestros territorios.

También logramos revertir propuestas legislativas que no guardaban la protección necesaria para la salud y el ambiente, en lo que hace a la aplicación de estos productos agrotóxicos. Viendo que el Estado hizo caso omiso a los intentos de lograr una necesaria transición a nuevas formas de producir, y atento a la vigencia de miles de estudios científicos que dan cuenta de la gravedad de las consecuencias que este modelo acarrea en la salud, el ambiente y la vida de muchos de los seres que habitamos este planeta, decidimos iniciar esta estrategia constructiva y necesaria de regulaciones de estos productos.

La constatación de muchos de los que conformamos esta Coordinadora del aumento de cáncer en niños en sus localidades, el aumento de casos de infertilidad en jóvenes madres, el aumento de malformaciones congénitas nunca vistas, hacen que la negación de los gobiernos, acerca de esta percepción social de los riesgos de esta actividad, no nos permita quedarnos inmovilizados y expectantes de esta gravedad.

Estudios locales

—¿Qué evidencias científicas avalan esta propuesta?

—El mundo ya sabe que existe una gran incerteza científica acerca de la relación causal entre ciertas afecciones en la salud humana y la exposición a estas sustancias, pero también muchos de nosotros sabemos que existe un gran entramado de intereses que atentan con que este grave riesgo pueda ser gestionado a través del paradigma de racionalidad de las ciencias.
Nos referimos sólo a los estudios que existen en nuestra provincia, para que no nos digan que citamos investigaciones de otros lugares. Entonces nos circunscribimos a Entre Ríos, donde para instalar un negocio de ventas de cortinas necesita un estudio de impacto ambiental, pero las aplicaciones de sustancias peligrosas de la actividad agroindustrial, no.

A partir del análisis de las evidencias científicas, constatamos que se encontraron estos venenos en la placenta de madres, en el agua de lluvia, en el agua del río Paraná, en el aire, en la tierra. En cada uno de estos estudios se pueden evidenciar la presencia de al menos una de estas sustancias, pero en muchas otras investigaciones más de dos, tres y hasta cinco productos, desconociéndose el efecto acumulativo que las mismas pueden tener, ya que nadie tiene en cuenta el efecto que más de una de estas sustancias podrían tener, porque siempre son estudiadas en su individualidad y no en su efecto sinérgico o acumulativo. Todos estos estudios dan cuenta de que a mínimas dosis estos productos son disruptores endocrinos, sin importar la dosis, porque pueden provocar efectos tóxicos a dosis intermedias y efectos más graves con dosis bajas. Y decimos esto porque en la Argentina, los ensayos de toxicidad estandarizados en la normativa actual no detectan los efectos adversos que producen los agrotóxicos a bajas concentraciones.

El problema es de todos

—¿Qué estrategias estatales crees que deberían llevarse a cabo para frenar este flagelo?

—Sabiendo que toda la población de Entre Ríos está expuesta hace más de 20 años a estas sustancias, con un absoluto descontrol y que su uso es cada vez mayor por las necesidad adictivas del modelo, es que necesitamos que el Estado se haga presente en un análisis exhaustivo y pormenorizados de estado actual de contaminación en los elementos que componen su ambiente y del estado de salud de la población, llevando adelante registros epidemiológicos y de salud, lo que a largo plazo significará una proyección sanitaria cualitativa y posibilitara establecer en qué estado de situación estamos con relación a los altos niveles de exposición a estas sustancias.

Si la tríada madre-placenta-feto ya fue contaminada, no podemos dejar pasar los días sin analizar qué calidad de vida tendrán las generaciones futuras. O qué nivel de sostenibilidad y productivo tendrán nuestros suelos, con el alto índice de infertilidad que hoy apareja este modelo y los niveles de dependencia a venenos. No sabemos si en 30 años se podrá cultivar. Entonces el problema no es sólo de los ambientalistas, es de todos, es del ciudadano que se contamina a mínimas dosis que están en el aire, es del productor que se queda sin suelo donde producir, es del sistema de salud que no tendrá margen de respuesta a tanta demanda, es de la obra social que debe cubrir altísimos tratamientos de quimioterapia, es de los padres que deben invertir en tratamientos de infertilidad, el problema es de todos y todas.

Y no son utopías ambientalistas ni bobas de los ambientalistas de la provincia, son realidades productivas, económicas y sanitarias que debe asumir nuestra gestión política, como en la dicotomía salud-economía que nos trajo la pandemia, debería sembrarse el diálogo hacia una transición a otra forma de producir y dar alimento la humanidad. Desmitificando la falacia de que el campo alimenta el mundo, tenemos un país agroexportador con un 31,6% de personas que no tienen acceso a la alimentación sana.

—¿En qué instancia se encuentra esta iniciativa popular?

—Actualmente estamos juntando firmas, ya que necesitamos el 2% del padrón electoral de la provincia para que la propuesta sea tratada. Estamos acercando la posibilidad de acompañar este proyecto a través de una planilla de firma digital. Es importante destacar que solo pueden firmar personas mayores de 16 años que votan en Entre Ríos y que figuran en el padrón electoral de la provincia. Al completar el formulario, se está apoyando a través de una firma, a que esta propuesta pueda presentarse en la Legislatura provincial.

Sin respuestas

—¿Qué respuestas han tenido desde el Gobierno provincial y/o municipal?

—Las repuestas son siempre las mismas, que no existe evidencia científica, que la agroindustria sostiene el país y tantas otras cosas más.

Es lamentable ver que mientras muchos legisladores y legisladoras oficiaban un discurso antiabortista, habilitaban distancias de fumigaciones en cercanías de las poblaciones, sin tener un mínimo detalle de la cantidad de abortos se dan espontáneamente en la ruralidad de nuestra provincia a causa de este modelo.

La población debe tener certeza de que el agua que toma no contiene agrotóxicos, la madre que amamanta un hijo debe saber que en su leche materna no hay agrotóxicos, y eso es garantizar la salud de una población, además de dar vacunas. Lamentablemente, los estudios científicos objetivos, que acompañamos al proyecto, dan cuenta de lo contrario.


Para firmar la iniciativa popular se puede acceder AQUÍ

Fuente: Mirador Entre Ríos

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.